¿Es legal grabar a un trabajador de baja desde la vía pública?
El TSJ de Canarias avala el uso de imágenes captadas por un detective privado
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sentencia del 22 de febrero de 2024, ha declarado lícita la grabación de un trabajador en situación de baja médica realizando trabajos de albañilería en la azotea de su casa, como prueba en un procedimiento de despido disciplinario.
Esta decisión sienta un precedente relevante en cuanto a la validez de las pruebas obtenidas por detectives privados y su impacto sobre los derechos fundamentales de los trabajadores.
¿Se vulnera la intimidad del trabajador?
El recurso interpuesto por el trabajador alegaba la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar, así como la inviolabilidad del domicilio, al haber sido grabado mientras realizaba tareas en su vivienda.
Sin embargo, la Sala concluye que ninguno de estos derechos ha sido vulnerado, ya que:
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La azotea era plenamente visible desde la vía pública, especialmente desde una elevación cercana.
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Las imágenes captadas lo mostraban realizando tareas físicas incompatibles con su baja médica.
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El uso de un zoom óptico no supuso una intromisión ilegítima, ya que los hechos eran igualmente visibles a simple vista.
Compatibilidad entre prueba lícita y derechos fundamentales
La sentencia subraya que no puede equipararse la intimidad del domicilio con una zona visible desde la calle. La azotea, aunque forma parte del inmueble, no se considera un espacio protegido en los términos en los que la Constitución reconoce la inviolabilidad del domicilio.
Además, se establece que el interés legítimo de la empresa en investigar un posible fraude prevalece en este caso, siempre que se respeten los límites del derecho a la intimidad.
Conclusión: la prueba es válida y el despido está justificado
La decisión del TSJ de Canarias valida el uso de medios probatorios obtenidos por un detective siempre que se obtengan sin invadir espacios privados protegidos por la ley y desde ubicaciones accesibles al público.
El caso refuerza la posición de las empresas a la hora de controlar el uso indebido de las bajas médicas y demuestra que el respeto a los procedimientos legales puede hacer lícita una vigilancia aparentemente invasiva.
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