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LOPJEn la nueva LOPJ se mantendrán los partidos judiciales pero se establecerán sistemas de repartición de cargas y con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se agilizará el enjuiciamiento de los macroprocesos. Tras la reunión del ministro de justicia, Rafael Catalá, con los representantes de las comunidades autónomas con competencias en Justicia, aseguró colaboración para acometer las reformas de la Justicia esta legislatura. Así pues, ha asegurado que ante el poco tiempo que resta de legislatura se priorizan la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la cual modificarán sólo algunos aspectos y ha explicado que el trabajo del ministerio se está centrando en estas reformas.

¿Cuál es la principal novedad de la Ley Orgánica del Poder Judicial? La principal novedad del proyecto de ley que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas será el mantenimiento de los partidos judiciales aunque se establecerán sistemas alternativos de reparto de cargas de trabajo tras el diseño de un mapa de la Justicia que identifique los puntos que presentan un mayor problema. Es decir, que Catalá abandona el nuevo diseño de la planta judicial que pretendía Gallardón. También habrá algunos cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero la reforma también distará mucho del ambicioso Código Penal Procesal de Gallardón. El ministro ha explicado que se establecerán mecanismos para conseguir la agilización en los macroprocesos. También se agilizará la tramitación de los delitos de conducción en estado de embriaguez; y se mejorarán las técnicas de investigación. Otro de los cambios que tendrá la ley será la la doble instancia penal. Entre otras reformas legislativas pendientes, Catalá también se ha referido al Código Penal, que están en tramitación parlamentaria y para el que se pretende conseguir acuerdos, el Estatuto de la Víctima y la ley de custodia compartida.

Catalá también ha recordado que se destinarán 55,5 millones de euros de los presupuestos del Estado con el objetivo de lograr un proyecto de gestión procesal que basándose en las nuevas tecnologías permita mejorar la coordinación y colaboración con las comunidades autónomas.

En la Ley de Justicia Gratuita, el ministro se ha comprometido a trabajar con la máxima transparencia y colaboración con las comunidades autónomas, a las que ha anunciado que se trabaja para firmar con ellas convenios de cofinanciación durante la tramitación de los presupuestos generales del Estado. En cuanto a las tasas, se ha comprometido a analizar la información de la Agencia Tributaria y los datos del Consejo General del Poder Judicial para con ellos revisar el sistema actual y ver si procede alguna modificación.

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