Estibadores

EstibadoresEl Congreso de los Diputados rechazó en pleno el Real Decreto Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modificaba el régimen de los estibadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. La reforma planteada por el ejecutivo pretende cumplir una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014. El Alto Tribunal Europeo obliga a España a modificar el régimen de contratación y gestión de las actividades portuarias.

El texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, objeto ahora de modificación, implanta en España un régimen público de gestión de puertos. La Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) es actualmente la encargada en exclusiva de gestionar las contrataciones en los puertos. La SAGEP se constituye como un conjunto de empresas encargadas de “poner a disposición de los accionistas los trabajadores que necesiten”. Los estibadores son exclusivamente cedidos por esta sociedad que integra obligatoriamente a todas las empresas que previa autorización deseen prestar servicios de manipulación.

Europa exige la liberalización del sector a través de la privatización de la gestión. Se obliga mediante sentencia cumplir con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por el que se consagra el principio de libertad de establecimiento.

Modificaciones introducidas por la reforma

La reforma de la estiba, para cumplir con las exigencias europeas introduce:

  • La posibilidad de que las empresas estibadoras tengan la libre contratación de los trabajadores.
  • Las SAGEP deberán disolverse en un plazo de tres años. En caso de continuar su actividad, el objeto social deberá ser el de prestar trabajadores a empresas tanto accionistas como no accionistas.
  • Se permite la entrada de estibadores europeos en el mercado español.

La Sentencia dictada por el TJUE en 2014 aún no se ha introducido en la legislación española. La consecuencia derivada del incumplimiento podría suponer una sanción diaria de 134.000 euros que, en palabras del Ministro de Fomento: “está al caer”.

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