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El pasado 2 de diciembre entró en vigor la Directiva (UE) 2018/1673, que establece un sistema de normas mínimas relativas a la definición y calificación de los delitos y sanciones relativas al blanqueo de capitales y el fraude dentro de la Unión y que es completada con el Reglamento 2018/1672, que establece un sistema de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de la Unión, ambas publicadas el 12 de Noviembre.

 

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

 

En concreto el Reglamente será aplicable a partir del 3 de junio de 2021; no obstante, el artículo 16 comenzó a aplicarse el pasado 2 de diciembre. Los Estados miembros de UE disponen hasta el 3 de Diciembre de 2020 para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva.

Esta producción normativa surge del intento de la Unión Europea de perseguir el blanqueo de capitales, así como la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada de una manera conjunta, generando coordinación y facilitando el intercambio de información entre los estados miembros. Como se señala en la propia Directiva “estos siguen siendo problemas importantes a escala de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para el mercado interior y la seguridad interior de la Unión”.

Los principales organismos encargados de hacer funcionar esta coordinación y gestión de información son las UIF, unidades de inteligencia financiera, quedando obligados distintos profesionales y controles como las entidades bancarias o de crédito, aseguradoras, gestoras, etc…a través de esta Directiva a la obligación de informar a dichas UIF sobre las operaciones sospechosas. Las UIF se crearon como plataformas centrales para evaluar dichas operaciones, interactuar con sus homólogos en otros países y, en su caso, ponerse en contacto con las autoridades judiciales.


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CategoríaPenal
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