Traducción

Derecho lenguaEl objetivo perseguido por la Ley Orgánica 5/2015 de 27 de abril es mejorar las garantías de defensa en el proceso penal a través de una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación así como el derecho del acusado a ser informado sobre el objeto del proceso.

Derecho  de traducción e interpretación:

De este modo, con respecto al derecho de traducción e interpretación supone que el imputado o acusado debe ser asistido por un intérprete “en todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal, así como en todas las vistas judiciales”. Se elaborará una lista de intérpretes judiciales y en los casos de urgencia se facilitará que otra persona conocedora del idioma como traductor eventual.

Así pues, tanto el juez como el Ministerio Fiscal podrán realizar comprobaciones necesarias en aquellos casos en los que se aprecien que la traducción o interpretación no ofrecen las garantías suficientes. El acusado tendrá también derecho a un intérprete para comunicarse con su abogado.

Con respecto al derecho a la información, se modifica el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula el derecho de defensa y se introduce como norma general el derecho de acceso del imputado a su expediente, de tal manera que podrá consultarlo en los extremos que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

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