Sentencia

SentenciaCon fecha del 24 de septiembre (recurso número 213/2012) ha sido dictada una sentencia por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la cual se confirma la condena a una emisora de televisión por haber vuelto a emitir un reportaje sobre un ex toxicómano sin su consentimiento y años después de su grabación, de tal manera que como consecuencia se vulnera su derecho al honor y a la propia imagen del mismo. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS La cadena de televisión que fue demandada, emitió un programa objeto de sus servicios informativos titulado “25 años de democracia” en el año 2002. Posteriormente, en el año 2007, volvió a retransmitir el mismo contenido aunque esta vez lo hizo bajo el título de “30 años de democracia”. El programa trataba de realizar entrevistas a personas concretas, sin una relevancia de carácter público, para que relatasen sus experiencias de vida y recuerdos de la época de la transición española a la democracia. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que el demandante apareció en el programa del que hablamos, y bajo su aparición en escena aparecía un rótulo en el que podía verse su categorización como “ex toxicómano”, donde aparecían fotografías antiguas de sus amigos hablando de la adicción a las drogas. Durante su aparición también aparecieron imágenes de personas tomadas durante la época de la transición, así como fotografías del propio demandante.

DESTACAMOS QUE: El demandante emitió su consentimiento verbal para la realización y emisión del reportaje en 2002 y después de esta primera emisión, los periodistas que le habían entrevistado no fueron advertidos por el demandante de que había revocado su consentimiento para emitir el programa ni tampoco éstos le solicitaron su consentimiento para la emisión que años más tarde se llevó a cabo. ¿Consecuencias? El sujeto protagonista demandó al canal de televisión por intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad. Como consecuencia de esto, el juzgado de primera instancia estimó parcialmente la demanda declarando la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante por exhibir sin consentimiento la imagen y condenó a los demandados al pago de 25.000 euros. Esta sentencia fue confirmada en apelación por la Audiencia Provincial y el TS.

La sentencia del TS

Los argumentos aportados por el TS para resolver el caso se contienen en los siguientes fundamentos de derecho:

“CUARTO.- La controversia que debe resolver esta Sala en primer lugar es si la emisión del programa en 2007, con el contenido que se ha relatado, ha supuesto una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante y si, en caso afirmativo, deberían prevalecer o no las libertades de información y de expresión de los demandados frente al derecho al honor del demandante. Sobre el concepto del derecho al honor, la STS 21-03-2014 (rec. 18/2012) recogiendo la jurisprudencia de esta Sala y la doctrina del Tribunal Constitucional, recuerda que el art. 7.7 LO 1/1982 lo define en un sentido negativo al considerar que hay intromisión ilegítima por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. También afirma que “doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona” y que “es preciso que el honor se estime en un doble aspecto, tanto en un aspecto interno de íntima convicción –inmanencia– como en un aspecto externo de valoración social –trascendencia– y sin caer en la tendencia doctrinal que proclama la minusvaloración actual de tal derecho de la personalidad”. Igualmente expresa que el Tribunal Constitucional considera que “el honor constituye un concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento”, así como que “ha definido su contenido afirmando que este derecho protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella”. A su vez, en cuanto a la ponderación entre el derecho al honor y las libertades de información y expresión cuando estos derechos fundamentales se encuentran en conflicto, la misma STS 21-03-2014 (rec. 18/2012), resumiendo también la jurisprudencia de esta Sala y la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la materia, afirma que “la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”, debiendo respetar “la posición prevalente que ostentan los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático”, alcanzando su máximo nivel la protección constitucional de las libertades de información y de expresión “cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción”. También debe tenerse en cuenta, según esta sentencia, “que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige”, porque “así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática”.

Sentado lo anterior, la ponderación, según la misma sentencia, “exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”, debiéndose tener en cuenta, entonces, que: a) “la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado”; b) para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor la libertad de información, “dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona”, se exige que “la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones”; c) “la protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con ella”; y d) “de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales”, se mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables”, ya que el art. 2.1 LO 1/1982 “se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor”.

Concluyendo lo anterior, podemos destacar por tanto, que efectivamente se produjeron la vulneración a su honor e imagen ya que se menoscaba su fama o se atenta contra su propia estimación al retransmitir un programa nuevamente pero sin contar con su consentimiento en tal momento. En este caso, es obvio que el sujeto afectado pudiera decidir de forma voluntaria el querer o no hablar de su pasado, aunque actualmente ya esté rehabilitado, ya que puede tener ciertas consecuencias afectando en su entorno familiar, personal o psicológico y por tanto tiene derecho exclusivamente a hablar cuando así lo decida. QUINTO.- En segundo lugar, debe decidirse si con la emisión del programa en 2007 se ha cometido una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del demandante. Para resolver esta cuestión debe partirse de que no se ha probado que el demandante hubiese prestado su consentimiento para la emisión por segunda vez del programa, así como de que aparece su imagen perfectamente reconocible en el mismo realizando las manifestaciones que se han descrito. También debe tenerse en cuenta que, según expresa la STS 27-01-2014 (rec. 2363/2011), “el derecho a la propia imagen se halla protegido en el artículo 18.1 CE y desarrollado en la LPDH, cuyo artículo 7.5 considera intromisión ilegítima la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2 LPDH”, así como que “la facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero, sea cual sea la finalidad -informativa, comercial, científica, cultural, etc.- perseguida por quien la capta o difunde (sentencia del Tribunal Constitucional 81/2001, de 26 de marzo, así como la 14/2003, de 28 de enero y la 127/2003, de 30 de junio)”.

Igualmente debe recordarse que el art. 2.2 LO 1/1982 dispone que, para que no se aprecie la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido (en este caso, el derecho fundamental a la propia imagen), es preciso que, en lo que ahora interesa, “el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso” y que esta Sala tiene dicho que “el derecho a la propia imagen tiene un aspecto positivo, que supone la facultad del interesado de difundir o publicar su propia imagen, sin que ello elimine su facultad, inmersa en la vertiente negativa del derecho, de no autorizar o impedir la reproducción de su imagen” y que “el consentimiento debe versar sobre la obtención de la imagen y sobre su concreta publicación en un determinado medio de comunicación social -sentencias de 24 de abril de 2000 y 7 de julio de 2004-” (STS 15-06-2011, rec. 421/2009). SEXTO.- En cuanto al tercer motivo del recurso de casación, ha de ser desestimado pues de acuerdo con el art. 9.3 de la LO 1/1982 el daño moral es incontestable dada la franja horaria de emisión, el tiempo transcurrido desde 2002 a 2007, que produce una variación en las circunstancias personales, familiares y laborales de cualquier persona, siendo esta la única cualificada para aceptar o no la afectación que la nueva difusión iba a provocar. En esta noticia, se deduce por tanto de forma clara la violación de dos de los supuestos contemplados en la Constitución, en el artículo 18, referentes al honor y la imagen, (“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”) los cuales deben ser siempre respetados y ejercidos dentro del ámbito que requiere la justicia y legalidad para evitar daños y consecuentes penas.

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