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El siguiente caso trata de cómo la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional respaldó una decisión (que fue llevada a cabo por un colegio madrileño) de acceder al teléfono móvil de un alumno, de 12 años, que había enseñado un vídeo de contenido sexual a una compañera.

La Audiencia Nacional señala que “el derecho a la protección de datos no es ilimitado sino que, puede quedar constreñido por la presencia de otros derechos en conflicto”. Al ver el contenido del teléfono, el colegio abrió un expediente sancionador para el menor. Ante estos hechos, el padre del alumno denunció al centro por violar el derecho de la intimidad y privacidad y secreto de las comunicaciones de su hijo, lo que motivó que el procedimiento penal fuera archivado. Acto seguido, el progenitor acudió a la Agencia Española de Protección de Datos y declaró que el colegio accedió al terminal telefónico de su hijo sin el consentimiento de los padres.

Los magistrados reconocen el carácter personal de un teléfono móvil y admite que para el acceso a dicho dispositivo el interesado debería autorizarlo. En este caso al tratarse de un menor, la autorización debió ser por parte de los padres.

Ante esto, hay que detenerse en la ilicitud o ilicitud de los mismos y ver qué tipo de situación realmente es la que se dio en el contexto, la cual en este caso manifiesta que la acción disciplinaria se inició tras la comunicación de que la niña a la que le mostró el archivo audiovisual con esas imágenes, se sintió violentada y por tanto se persigue proteger los derechos de la misma y del resto de los alumnos del centro ante la posibilidad de que volviera a suceder tal actitud.

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