ultraactividad convenios colectivosEl Consejo de Ministros ha aprobado dos Proyectos de Ley modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el objetivo primordial de agilizar la justicia penal.

La regla a tener en cuenta será que cada delito dará lugar a la formación de un único procedimiento. De esta manera se evitará el colapso de los juzgados. Con respecto a los atestados policiales sin autor conocido, no se remitirán a los Juzgados, sino que serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.

Será sustituido el inoperante plazo de un mes previsto en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de los procedimientos por plazos realistas. Los asuntos sencillos tendrán como plazo seis meses, y la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables por otro plazo similar.

Delitos complejos:

Por otra parte, serán considerados complejos los delitos cometidos por grupos criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, los que involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, las que exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación, los que impliquen realizar actuaciones en el extranjero, las que necesiten revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas o las que sean por terrorismo. Se establece a su vez, un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal) y éste permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, acepte la pena solicitada.

La figura del imputado:

Referirnos a imputado supone referirse a una figura con un señalado carácter negativo a pesar de que el proceso no se ha dirigido formalmente contra él. Sustituir el término “imputado” por el de “investigado” durante la fase de instrucción y por encausado tras el auto formal de acusación aclarará el momento procesal preciso en el que nos encontramos y permitirá darle a cada uno de ellos el verdadero sentido que tienen.

La valoración de la prueba y el recurso de revisión:

Por otra parte, en caso de valoración de la prueba, la Audiencia tiene potestad para devolver las actuaciones al Juzgado que dictó la sentencia, instándole una nueva valoración de la prueba o celebrando un nuevo juicio.

A su vez, se establecerá en el ordenamiento español el recurso de revisión como vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren que se ha vulnerado el Convenio Europeo de DDHH en un procedimiento penal. Así se incorpora el supuesto como habilitante del recurso de revisión, lo cual permitirá reclamar la nulidad de una sentencia nacional.

Medidas de investigación tecnológica:

En cuanto a las medidas de investigación tecnológica, la regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial.

A partir de ahora, el artículo 803 de la LECrim regulará un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado.

Dadas estas modificaciones, se pretende, como adelantábamos en líneas anteriores, hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva.

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