policía cámarasLa nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal permite colocar dispositivos electrónicos para poder grabar conversaciones o imágenes en el domicilio de la persona investigada. Para ello, deberá ser autorizado por un juez competente y de igual manera tendrá que tener la autorización para la entrada en la vivienda o en alguno de los “espacios destinados al ejercicio de la privacidad”.

La utilización de estos dispositivos, solo podrá acordarse cuando los hechos que son investigados constituyan delitos cometidos en el seno de una organización criminal, terrorismo, delitos contra menores u “otro que, en virtud de las circunstancias del reo, puedan ser considerados de especial gravedad”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen en ningún caso podrá incluir las entrevistas que mantenga aquella persona que esté siendo investigada, que esté detenida o que esté en prisión, puesto que hay que tener en cuenta que siempre debe mantenerse el secreto profesional, al que como abogado, están obligados.

Esta medida de la que hablamos, hasta ahora no había sido regulada en el proceso penal y para algunos, es considerada como indispensable de la misma manera que la interceptación de otro tipo de comunicaciones, como pueden ser a través de whatsapp, correos electrónicos, SMS, entre otras. Otra de las soluciones que se plantean pasan por limitar los plazos de instrucción a seis meses prorrogables, a 18 en caso de investigaciones complejas y la posibilidad de juzgar de forma separada “piezas” que corresponden a un mismo procedimiento.

Otro de los aspectos que aborda la Ley y además por primera vez, es el de la figura del policía encubierto en investigaciones tecnológicas. Así pues, los funcionarios de la Policía Judicial, podrán navegar por la red con una identidad falsa y si su perfil es aceptado por los diversos canales de comunicación, seguirá “camuflado” en dicho perfil con el objetivo de poder esclarecer el delito que se investiga. Es evidente que, este tipo de medidas está enfocado a los nuevos delitos que cada vez con mayor frecuencia se producen en las redes sociales y medios. Podemos destacar también que juez podrá acordar en resolución motivada y durante tres meses prorrogables por iguales periodos la interceptación de las «comunicaciones postales y telegráficas» de las personas sobre las que hay indicios de responsabilidad criminal, y en caso de urgencia, podrá ordenarla el ministro del Interior, o en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad, comunicándolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas. De igual forma, la Policía podrá intervenir las comunicaciones de forma autónoma durante un periodo máximo de 24 horas cuando, por razones de urgencia o del delito (de terrorismo, que afecte a menores o que sea de especial gravedad), sea necesario en el marco de una investigación.

Con estas medidas, se pretende buscar y conseguir eficacia, control y rapidez para una mayor seguridad y solución de situaciones.

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