12545348_blogEl pasado día seis de noviembre de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional dictó una sentencia por la cual declara conforme a la Constitución, el párrafo segundo del artículo 623.1 del Código Penal, en el sentido de que: “para apreciar la reiteración, las faltas de hurto han de haber sido objeto de condena firme en otro proceso, o ser enjuiciadas y objeto de condena en el proceso en el que se plantee la aplicación de aquel precepto”. Cuando se da el caso de infracciones que aún no hayan sido enjuiciadas, aquellas que no hayan pasado de la simple denuncia no servirán, sino que sólo servirán las que se enjuicien de forma conjunta en el procedimiento en el que se aprecia la reiteración delictiva. La sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Audiencia Provincial de Barcelona. Lo que establece el párrafo controvertido es que “para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas”. ¿Por qué es contrario el párrafo a la Constitución? Porque permite que la agravante de reiteración delictiva se construya bien a partir de hechos no enjuiciados previamente o bien a partir de hechos ya enjuiciados, pero sin sentencia firme.

Lo que analiza en primer lugar el Tribunal es la hipótesis de las infracciones no enjuiciadas. Ante tales infracciones cometidas y no enjuiciadas, la sentencia añade que resulta difícil su identificación con infracciones meramente denunciadas o imputadas, ya que en este caso se estaría ante una interpretación del precepto que “desconoce absolutamente los principios constitucionales básicos del Derecho Penal”. Sin embargo, el Pleno rechaza de una forma tajante esta hipótesis ya que en ningún caso ningún ciudadano puede resultar condenado o ver agravada su condena por hechos que no están acreditados judicialmente. Por otra parte, el Tribunal analiza los casos en los que las faltas ya enjuiciadas pueden ser tenidas en cuenta para agravar una condena posterior. Sobre el derecho de la presunción de la inocencia, la doctrina del Tribunal  exige la declaración de firmeza de la sentencia “cuando se trata de hacer valer los pronunciamientos condenatorios”. “La sentencia condenatoria consolida la imputación de un delito a una persona determinada; pero mientras el recurso contra ella no se haya resuelto, dicho pronunciamiento sobre la culpabilidad del procesado sigue siendo provisional”.

A continuación, exponemos los argumentos de la conclusión del Tribunal Constitucional:

“8. (…) Con independencia de la fortuna de la fórmula empleada por el legislador en la disposición cuestionada, que incluye elementos valorativos, como cuál sea el número de infracciones y el alcance de la proximidad temporal, así como de los problemas aplicativos que esta figura pueda plantear, el supuesto típico está definido por la repetición en un margen temporal reducido de un comportamiento muy preciso: el hurto, tal y como se define en el art. 234 CP, por valor inferior a 400 euros, lo que permite identificar con la necesaria y suficiente precisión la conducta delictiva que tipifica. La definición cuestionada de la reiteración como comisión de faltas enjuiciadas o no enjuiciadas en el segundo párrafo del art. 623.1 CP no constituye una formulación tan abierta e indefinida que su aplicación dependa en último término de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y juzgador encargado de su aplicación, constitucionalmente incompatible con el principio de legalidad que garantiza el art. 25.1 CE (por todas, STC 105/1988, de 8 de junio, FJ 2), sino que el ciudadano puede conocer qué clase de conductas pueden llegar a ser sancionadas, previsibilidad que garantiza el respeto al principio de seguridad jurídica.

Una mínima labor exegética fiel a la interpretación literal, orientada a la Constitución y con auxilio de los criterios hermenéuticos al uso, donde destaca la interpretación sistemática que inserta la norma en el conjunto del Código penal y lo pone en relación con supuestos afines en el ámbito patrimonial y de la delincuencia habitual, fija el ámbito de aplicación del precepto en los supuestos de reiteración de faltas objeto de previa condena firme y/o de faltas objeto de prueba en el proceso en el que se acusa por el ilícito penado en el art. 623.1, sin que se rebase la necesidad de interpretación imprescindible en todo tipo penal dada la generalidad y abstracción con que deben formularse las proposiciones normativas, la vaguedad inherente al lenguaje y la inclusión en un sistema normativo complejo (SSTC 42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3; y 13/2003, de 28 de enero, FJ 3).

9. “A tenor de lo expuesto, el precepto impugnado admite una interpretación conforme con la Constitución si se entiende, como se ha argumentado, que delimita como requisito típico para apreciar la reiteración de faltas de hurto la previa comisión de varias infracciones en un plazo temporal próximo, sean faltas de hurto declaradas en previa sentencia firme o probadas en el proceso en que se plantea la aplicación de la figura de perpetración reiterada de faltas de hurto conforme al art. 623.1 CP. Tal es el sentido que ha de darse al precepto para acomodarlo con el tenor y espíritu del 24.2 y 9.3 CE, lo que determina, en los términos señalados, la correspondiente referencia en el fallo para excluir cualquier otra interpretación que sería vulneradora de esos preceptos y por lo tanto inconstitucional.”

Y, por tanto, en su fallo acuerda “Declarar que el párrafo segundo del art. 623.1 CP es constitucional en tanto se interprete que, para apreciar la reiteración, las faltas de hurto han de haber sido objeto de condena firme en otro proceso, o ser enjuiciadas y objeto de condena en el proceso en el que se plantee la aplicación de aquel precepto.”

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