La nueva norma de protección de datos en internet será de aplicación a Facebook o Google, entre otras y ante los incumplimientos serán impuestas fuertes multas. Tras varios años de debates, la nueva norma persigue el objetivo de reforzar la protección de datos personales en Internet para evitar así el mal uso de la red y la utilización que las grandes compañías hacen de la misma.

Por primera vez se recoge de forma expresa el derecho al olvido, el cual ha sido reconocido por el Tribunal de justicia de la UE.

El nuevo Reglamento será de aplicación directa en los Estados miembros, sustituyendo a las 28 leyes nacionales vigentes. También se eliminarán muchas autorizaciones y notificaciones que se exigen a las empresas que quieren lanzar un nuevo servicio que implique el procesamiento de datos.  La norma será aplicable a las empresas europeas pero también a las compañías extracomunitarias cuando ofrezcan sus servicios a consumidores europeos. Las empresas que no cumplan con sus obligaciones en materia de protección de datos personales en Internet se enfrentan a multas de hasta el 2% de su volumen de negocios o un millón de euros.

De esta manera, las compañías de Internet sólo podrán procesar información personal si cuentan con el “consentimiento inequívoco” de los usuarios, quienes en todo momento pueden retirarlo, según señala el reglamento. A su vez, los usuarios tendrán derecho a rectificar los datos que les afectan cuando sean incorrectos y las empresas estarán obligadas a notificar a sus clientes cualquier”brecha” de seguridad que pudiera afectarles.

Cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos personales y este derecho es más reforzado aún en el caso de los menores.

A su vez, el derecho al olvido queda limitado por otras consideraciones como el ejercicio de la libertad de expresión e información. Su aplicación seguirá estando en manos de autoridades de protección de datos o de los tribunales.

También se reconoce el derecho a la portabilidad de los datos. El reglamento establece un sistema de ventanilla única para las empresas que operan  en varios países de la UE y para los consumidores que quieren quejarse contra una compañía establecida en otro Estado miembro distinto del suyo.

 

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